Vigilancia contra periodista Carlos Weber al margen de la ley

Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora

El Tribunal Federal acogió una demanda radicada por el veterano periodista Carlos Weber contra el Gobierno, luego que el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) obtuviera un registro de sus llamadas telefónicas, en 2003, sin una orden judicial, notificación previa ni haber seguido su propio protocolo interno para realizar la intervención.

El NIE, dependencia que se especializa en investigar corrupción gubernamental, obtuvo una copia de la factura y del registro de llamadas de Weber, mediante una orden firmada por un fiscal, para tratar de identificar una fuente que lo pudo haber alertado de un operativo que se realizó en Bayamón para arrestar a personas envueltas en el trasiego de drogas. De hecho, la agencia ha obtenido el registro de llamadas de ciudadanos sin cumplir con sus propios protocolos internos, según surge de documentos analizados por Primera Hora.Aunque se trata de una de las figuras más conocidas de los noticieros, el NIE no pareció tener ningún reparo cuando decidió obtener un registro de sus llamadas telefónicas, luego que el periodista adviniera en conocimiento de la operación de la agencia.

La gestión del NIE figura entre los documentos que forman parte del tracto de una demanda que Weber radicó contra el Gobierno de Puerto Rico por violación a sus derechos y libertades civiles, y que ahora está bajo la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico, luego que el Tribunal de Apelaciones encontrara que el periodista “no albergaba una expectativa razonable de intimidad sobre la información y documentos relacionados a los patrones de uso de su teléfono celular”.

El pasado 15 de abril, los abogados de Weber presentaron su alegato ante el alto foro, iniciando así un término de 30 días para que el Departamento de Justicia responda.

Las controversiales actuaciones de la agencia para obtener el registro de llamadas del periodista se dieron durante la administración de Sila Calderón, cuando la actual jueza del Tribunal Supremo, Anabelle Rodríguez, dirigía el Departamento de Justicia. Rodríguez decidió no intervenir en el caso, al igual que el juez Edgardo Rivera García, quien era uno de los tres jueces del Tribunal de Apelaciones que fallaron contra Weber. El presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, tampoco participará en el proceso.

El caso, sin embargo, podría tener serias repercusiones en torno al alcance de las agencias investigativas en la vida privada de los ciudadanos. La Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) expresamente prohíbe la interceptación de llamadas telefónicas, aunque las agencias de orden público sí pueden obtener el historial de las llamadas de una persona que podría ser blanco de una investigación criminal.

“Cuando el Estado toma esta acción se convierte en un aparato de opresión”, sostuvo Weber durante la primera entrevista que da sobre el tema a un medio de comunicación.

Del mismo caso trasciende que la agencia ha solicitado registros de ciudadanos que no son blanco de investigaciones sin que éstos hayan sido previamente notificados por la agencia ni se hayan satisfecho criterios básicos ante un juez.

Acción cuestionable

Según se desprende del caso, el NIE habría recurrido a la antigua compañía de celulares Cingular, adquirida por AT&T, para conseguir información y documentación relacionada con el teléfono celular de Weber para identificar al ciudadano que habría “filtrado información” al periodista. El aparente detonante de la intromisión fue una visita que Weber realizó a las oficinas del NIE, en Miramar, el 12 de febrero de 2003, mientras se diligenciaban arrestos por narcotráfico en la alcaldía y en un local en Bayamón.

Como parte de sus funciones periodísticas, Weber acudió a las oficinas del NIE, pero sólo pudo preparar un corto reportaje que anunciaba que Rodríguez, entonces secretaria de Justicia, iba a realizar una conferencia de prensa al día siguiente sobre el operativo.

La agencia nunca atendió a los medios sobre el allanamiento, aunque sí encaminó una serie de acciones para obtener la identidad de la fuente de Weber.

Según se desprende de varios documentos obtenidos por Primera Hora, el ex director del NIE Miguel Colón Ortiz encomendó investigar la filtración a un fiscal adscrito a la División de Investigaciones Criminales.

El funcionario Francisco Viera Tirado examinó el operativo que se realizó en el negocio y obtuvo, mediante subpoena, la relación de llamadas generadas de los teléfonos celulares asignados a los agentes que participaron en el mismo. A través de las llamadas realizadas por un funcionario de la agencia, aparentemente, se encontró el teléfono del periodista.

Aunque la investigación de la agencia pudo haber parado en esta etapa, Viera Tirado procedió a solicitar el registro de llamadas de Weber, no solamente para ese día, sino para todo el mes de febrero de 2003. La compañía de celulares produjo toda la información.

“El poder del Estado para investigar no está sobre el mandato constitucional, ni nuestra Carta de Derechos”, sostuvo el abogado Gaspar A. Martínez Mangual, quien lleva el caso del periodista junto con el licenciado Frank Torres Viada.