Listas las guías para calcular pensión

Arys L. Rodríguez Andino / Primera Hora

Las salas de Familia podrían recibir una avalancha de peticiones de revisión de pensión si se aprueban, tal como están, los cambios propuestos en las Guías para determinar y modificar las pensiones alimentarias en Puerto Rico.

“Antes era a base del ingreso de la persona no custodia. Antes se tenía la idea de que solamente aportaba la persona no custodia. Ahora no, va a haber más equidad”, dijo la licenciada Lourdes Gómez, asesora legal de la Administración para el Sustento de Menores (Asume).Aunque hizo énfasis en que es un borrador, la secretaria del Departamento de la Familia, Yanitsia Irizarry, insistió ayer en que las guías vigentes no son balanceadas.

“No eran claras en contemplar las necesidades especiales de los niños y había un marco de discreción que dejaba desprovistos a los niños”, mencionó al señalar como ejemplo que no especifican qué puede ser una necesidad especial en un menor.

Uno de los cambios más dramáticos y que quizás podría despertar la suspicacia en algunas personas y la satisfacción en otras es la eliminación de la pensión suplementaria, que ahora está englobada en la pensión alimentaria. De esta manera, el costo de la mensualidad de la vivienda donde vive el menor con su padre custodio, por ejemplo, no se toma en cuenta para el cálculo de la pensión.

Otro cambio que tienen estas guías, según Gómez, es que están basadas en un estudio económico, algo que, según ella, no se hizo para las guías de 2006, todavía vigentes. Sin embargo, en ese año Primera Hora reseñó el inicio de esas guías y se hizo referencia al estudio de las economistas Alicia Rodríguez y Eileen Segarra, profesoras de la Universidad de Puerto Rico. En ese momento se dijo que el análisis se nutrió de las encuestas de ingresos y gastos del consumidor urbano de Puerto Rico y la canasta de consumo diario del Departamento del Trabajo.

Gómez indicó que no encontraron estudio alguno y que desde abril del año pasado empezaron a trabajar en el estudio económico que dio base a las tablas propuestas.

“Nuestro norte es hacerle justicia a los menores y enfocarnos en la maternidad y paternidad responsable”, recalcó la licenciada, quien destacó que “lo más importante es que no son finales”.

Según la guía propuesta, pensión alimentaria se define como la “aportación de la persona no custodia en la cantidad resultante de alimentos y que se destina al pago de los gastos básicos necesarios a incurrir en la crianza del/a alimentista. Los gastos básicos incluyen aquellos gastos por concepto de alimentación, transportación, ropa, utilidades, entretenimiento, cuido de hijos, educación y vivienda”.

Esos siete renglones son los que se supone que sean cubiertos en la cantidad que resulte cuando se hace el cálculo.

Según el análisis del licenciado Alfonso Ramos, es muy probable que muchas de las pensiones bajen, “aunque siempre habrá casos excepcionales que no variarán”.

Uno de los cambios que identificó Ramos, y que podría pasar como un dato insignificante, es el relacionado con “determinar la cantidad que se tomará en consideración por concepto de horas extras, comisiones y/o propinas: el/la juzgador/a deberá considerar, entre otros factores pertinentes, el promedio mensual recibido durante los 12 meses que anteceden a la solicitud”. Actualmente ese cálculo se hace basado en los últimos 36 meses.

“Reducir a 12 meses facilita el periodo de descubrimiento de prueba, pero el periodo de 36 meses puede reflejar una cantidad más adecuada”, analizó el abogado.

Acerca de establecer una reserva para el padre alimentante equivalente al 55 por ciento de su ingreso neto o $515, lo que sea mayor, a Ramos le preocupa que pueda ser absoluta, pero reconoce que es importante que exista para garantizar la subsistencia del padre no custodio.

Irizarry reconoció que ese porciento, en efecto, puede ser excesivo. “Un 55% de la reserva puede ser un poco alto, pero no teníamos un porciento de reserva para el alimentante”, indicó.

La discusión pública de las nuevas guías empieza hoy, pero los 30 días para examinarlas ya empezaron a correr. “Esto es un borrador”, recalcó la Secretaria.