“Es una movida inteligente en términos procesales de las abogadas” de Ana Cacho la solicitud para que la jueza Sonia del Toro Padín incluya en su resolución sobre la custodia de las hijas de la promovida planteamientos que hizo su representación, reconoció ayer el ex juez Julio Soto Ríos.
Esto sienta las bases para acudir al Tribunal de Apelaciones para apelar la determinación de retirarle permanentemente la custodia de las niñas de seis y 13 años, comentó el abogado. Sin embargo, advirtió que de aceptar incluir alguna de las 253 observaciones en la resolución, no necesariamente cambiaría el resultado.
En cuanto a que supuestamente no se tomó en consideración el testimonio de la doctora Nydia Lucca como perita contratada por Cacho, Soto Ríos aclaró que “la prueba pericial ayuda al Tribunal a llegar a determinaciones en cuestiones de hecho, vierte su opinión en base a su evaluación, pero el caso es del juez”.
“La jueza oye a los peritos, quienes orientan, según permiten las reglas de evidencia, pero no deciden el caso. No es la cantidad lo que cuenta, sino el valor que puede tener el testimonio pericial”, subrayó quien presidía casos de menores. El ex fiscal añadió que fue un error que la madre se allanara a la remoción de las menores tras la muerte violenta de su otro hijo, Lorenzo González Cacho.
Las “estrellas del caso”
Según Soto Ríos, quien examinó el documento, a solicitud de EL VOCERO, Cacho fue señalada por sus hijas como responsable de la muerte de su hermanito, según se desprende de la resolución de la jueza Sonia Del Toro Padín, y sólo ellas podrán declarar para que se le haga justicia a su hermano.
“Son las estrellas del caso”, sostuvo el abogado, quien estableció que no necesariamente la acusación sería por asesinato, ya que según planteó, recientemente fue reconocida jurídicamente la figura del cooperador. Las denuncias podrían incluir otros familiares, pronosticó. “Hay conspiración”, sentenció el letrado, quien explicó que es un delito que va unido a otros, en este caso como la obstrucción a la justicia, complicidad y asesinato.
El profesor, quien instituyó e imparte el curso sobre evidencia forense en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana -único en Puerto Rico-, “no se le han sometido acusaciones porque las niñas no están en condiciones de declarar”. “Todavía están traumadas y no pueden hablar. El plan de encubrimiento ha dado su efecto”, aseveró.
Según las expresiones que las niñas les hicieron a las trabajadoras sociales y a la doctora Elsa B. Cardalda, se sienten temerosas. “Yo no me siento segura, no confío en mi madre”, “No quiero saber nada de mi mamá porque le hizo daño a Lorenzo y ‘Grandma’ (la abuela materna, Amneris Yvette González) la protege” y que su madre, bajo coraje le pudo hacer daño a Lorenzo.
Además, el ‘pacto de silencio’, que hace decir a la niña menor que “de los muertos no se habla”, es una protección para la madre que ella misma les impuso, destacó el licenciado. “Es un esfuerzo consciente, inteligente, articulado de obstruir la investigación del asesinato de Lorenzo por parte de la madre, de la abuela y la tía de la madre, Diana González, para que lo que sucedió esa noche no se sepa”, declaró el experto. “Es una maltratante, una maltratante consciente”, opinó.
Así mismo, enfatizó que el niño llegó muerto al hospital, ya que tenía sangre seca, y que la madre expuso tres teorías para protegerse, pero que ninguna le ha resultado. Aseguró que el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) tiene lista la prueba científica, “la espina dorsal del caso” para probar el asesinato, y reiteró que sólo falta el testimonio de las niñas.
Soto Ríos recordó que como parte de su plan para evitar que la verdad emergiera, Cacho dijo primero que el niño de ocho años se cayó de la cama. Después, que la buscaban para matarla y alcanzaron al niño, que fue donde entró el personaje conocido como ‘El Manco’ -un veterano sin hogar acusado del asesinato de otro deambulante- quien padece de sus facultades mentales. En tercer lugar, que no sabe lo que pasó porque estaba durmiendo.
Cacho y su familia se han dado a la tarea de desinformar, criticó Soto Ríos, al señalar los ‘media tours’, y las ‘felices coincidencias’ de eventos que buscan desviar la atención sobre decisiones y situaciones importantes en el caso. Pero en su día, la fiscal Wanda Casiano, a quien le atribuye unas cualificaciones excepcionales, radicará las acusaciones, anticipó.
Según el examen del experto a la resolución emitida el pasado 8 de marzo, en la que priva de la custodia legal permanente de las menores a la madre y mantiene la prohibición de las relaciones maternofiliales y con miembros de la familia materna, se desprende que no es protectora y que antepone sus intereses a la seguridad de éstas.
Soto Ríos elogió la resolución de la jueza y explicó que la misma “está fundamentada en evidencia, en las pruebas que se desprenden de los informes” de la psicóloga y las trabajadoras sociales que les han dado terapia. “La prueba es avasalladora”, expresó, y sotuvo que Del Toro se percató de que la doctora Nydia Lucca fue llevada solamente para refutar los planteamientos de la doctora Elsa Caldalda, pero sin bases científicas; sólo por contradecirla.
La jueza concluyó que “el no ser descartada como una posible sospechosa, incide directamente en la seguridad de las menores”, y Soto Ríos añadió que aunque Cacho tiene el derecho constitucional a callar, el caso civil incide en el criminal. Y ante la posibilidad de una apelación, advirtió que “es mucho más viable que se derrita el Polo Norte a que el Tribunal Apelativo revoque a Sonia Del Toro”, a quien le reconoce una trayectoria profesional loable.
Todos esos puntos son debatidos en la solicitud que radicó Cacho, el pasado viernes, ante el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, para que se enmienden las determinaciones de hechos contenidas en el documento. Solicitan que se añadan segmentos del testimonio de la doctora Lucca.
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