Santana declaró que se fijó que los hechos ocurrieron a las 7:47 de la mañana porque “como esto ya ha sido un patrón, nos orientaron a que cuando pasen estos hechos, miremos la hora”.
Dijo que Salgado Malpica violó la orden de acecho que hay en su contra -vigente hasta julio de este año- cuando redujo la velocidad de su bicicleta y empezó a gritarle: “Qué miras, pato sucio, los voy a matar” e hizo una señal con la mano como una pistola, apuntándolo.
Aunque el cuartel de la Policía de Vega Alta le quedaba cerca, optó por buscar a su compañero porque les habían orientado a ir con testigos dado a que en varias ocasiones, la Policía no les hacía caso.
A preguntas del abogado Pedro Sanabria, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), recalcó que entabló una demanda contra su cliente, la Policía, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Autoridad de Tierras, alegando negligencia en el caso.
Destacó que Salgado Malpica trabajó en las obras de construcción de su casa en el barrio Bajuras y que tuvieron problemas con el contratista, que era su primo, quien renunció.
El abogado recalcó que ya su cliente no vive en la propiedad, sino que ahora allí vive su hija, pero Santana dijo que desconocía. Indicó que desde el 1 de febrero, no ha tenido más situaciones con el vecino.
La jueza determinó no causa.
En vías de reconsideración, el fiscal recalcó que esta situación se repite desde 2008 y que “es un patrón de conducta de esta persona violar órdenes emitidas por el tribunal, violándolas en múltiples ocasiones, y esta persona insiste en la misma situación”. Catalogó el patrón como “gravísimo” y que las órdenes del tribunal “no le importan”.
“Es una situación seria y preocupante. Este señor ha insistido desde 2008 con la misma situación”, dijo Santiago.
Por su parte, Sanabria dijo que la demanda reflejaba una “clásica motivación” económica y que la situación era un problema de vecinos.
Salgado Malpica salió con los ojos aguados y abrazado de su esposa, Marilyn Cruz, y sus hijas.
“Se hizo justicia”, se limitó a decir.
“Nosotros le damos gracias a Dios”, agregó su esposa.
Otro de sus abogados, Oscar Miranda, de (SAL), dijo fuera de sala que Salgado Malpica llevaba toda su vida viviendo allí y que hubo problemas entre vecinos por permisos de construcción y de colindancia, pero “el issue” no era si eran gays o no, por lo que no debía considerarse como crimen de odio.
Mientras, Santana expresó que “vamos a seguir en nuestro hogar, con temor”.
El fiscal dijo que estaban “frustrados”, pero que respetaban la decisión de la jueza, a quien dijo trató de llevarle el mensaje de la violación a la orden de acecho, que es la tercera que se emite.
“Esperamos que a Salgado le haga llegado el mensaje que las órdenes del tribunal se respetan. Esperamos no tener que volver a radicar un caso contra él y no queremos que pase lo peor”, manifestó Santiago.
El abogado que los representa en la demanda civil, Thomas Bryan, salió molesto de sala diciendo: “¿Tiene que haber un muerto para que el Estado haga algo?”.
Destacó que espera que cese el acecho contra sus clientes y que espera no ocurra una desgracia.
Recurren a los federales
La Fundación Gaviota que asiste a víctimas de crímenes de odio en Puerto Rico, escribió una carta a la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez solicitando que evalúe el caso de acecho contra Alfredo Salgado Malpica, que no prosperó en vista preliminar en alzada esta mañana en el Tribunal de Bayamón.
El mismo trataba de una violación a la Ley de Acecho con el agravante de crimen de odio, dado a que se imputa a Salgado Malpica acechar a sus vecinos Ramón Santana y Evelier Rivera por ser una pareja gay.
Mas la jueza Awilda Mejías, del Tribunal de Bayamón, no encontró causa para juicio contra el imputado.
La secretaria y el director ejecutivo de dicha Fundación, Sophia Isabel Marrero y Thomas Bryan, le pidieron a Rodríguez que evalúe el caso, dado a que en los últimos 18 meses se han reportado al menos 14 posibles crímenes de odio pero que no han sido sometidos como tal.
"La paciencia de la comunidad LGBT tiene un límite. Entendemos que ese límite se alcanzó. Las autoridades serán responsables por lo que ocurra", lee la misiva de cuatro páginas.
"Este caso demuestra claramente la insensibilidad del sistema colonial de justicia para hacer lo que se supone para proveer justicia y proteger a víctimas inocentes", agrega la carta, a la que se envió copia al secretario de Justicia, Guillermo Somoza.
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