Sigue en grande esquema de fraude y extorsión en llamadas telefónicas

Mariana Cobián / Primera Hora

Cada vez son más las personas que caen en la trampa de pagar por un carro que ganaron en un sorteo en el que no participaron, que envían dinero por el supuesto secuestro de un familiar que está de lo más bien en su casa, o que pagan para que no “tiroteen” su negocio.

De hecho, todo comenzó con el cuento del pescaíto de que se ganó un auto, y ha ido evolucionando.Estas llamadas, en su gran mayoría, son hechas por confinados que consiguen teléfonos celulares prepagados que esconden en orificios de su cuerpo y se reúnen y hacen lo que llaman el canteo.

“Son confinados o personas que estuvieron dentro de la cárcel y aprendieron el jueguito porque lo hacen idénticamente. Tienen personas afuera, muchas veces la esposa, la abuela, el hermano. Siempre es un pariente cercano que recoge el dinero. Esa persona cobra su parte y la otra la lleva a la institución. Allá tienen un grupo seleccionado donde se dividen el dinero por cantidades, dependiendo del trabajo que hizo cada cual. El que hizo el canteo le toca la mayor parte. Ése es el que convenció a la persona”, explicó el teniente Roberto Ferreira, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, y a cargo de una unidad especializada para atender estos casos.

Este esquema de fraude y extorsión viene desde hace algunos años, pero “sigue en grande”, según Ferreira, quien lamentó que siga aumentando.

Por lo regular dicen que es de un concesionario nuevo llamado Caribe Honda, que escogieron teléfonos al azar y que usted es el segundo ganador de un Honda nuevo, pero tiene que pagar marbete y tablilla.

Antes las cantidades fluctuaban entre $400 y $500, ya van por $860. Deben enviarlo por Money Gram o Western Union. Incorporan también el factor de que supuestamente le habla un abogado, y buscan el nombre de alguno reconocido o que conozcan su número de colegiado para tratar de darle credibilidad al esquema.

Ferreira destacó que entre los trucos está la llamada diciendo que supuestamente secuestraron a un familiar o amenazas de muerte, como le ocurrió al senador Eduardo Bhatia.

En cuanto a las amenazas de tiroteos, Primera Hora escuchó la grabación de una gerente de un supermercado a la que llamaron para advertirle que si no pagaba $846, iban a disparar al supermercado.

“Hacemos lo que vayamos a hacer y todo queda ahí... Si no lo hacemos a la mala y aquí quien se va a perjudicar eres tú... No cometas ninguna brutalidad. Yo no soy ningún pende... Te están viendo, mamita, tú quédate tranquilita ahí haciendo lo que estás haciendo”, le dijo con voz amenazante el confinado a la gerente, quien nerviosamente le preguntaba por un teléfono y a nombre de quién hacía el giro, y le dijo que el número era 939-268-977, a nombre de Daniela Guzmán Núñez, y que su nombre era Jorge Cruz Ortiz.

Proyecto dormido

Un proyecto de ley radicado el 25 de junio de 2010 que ayudaría en el esclarecimiento de los casos espera por acción legislativa.

El mismo establece que se tome la información y foto de toda persona que compre un teléfono prepagado.

“Que cuando se venda el celular prepagado, se tome identificación con foto. Que cuando yo recupere ese número o teléfono, sepa la persona que lo compró. Eso nos da la mano para saber quiénes han comprado y lo está llevando a las instituciones penales”, explicó el teniente, quien recordó que los confinados introducen los celulares en orificios de sus cuerpos, lo que hace difícil detectarlos.

Aunque han llevado casos a los tribunales de personas que buscan el dinero, no envían cantidades mayores para no perder el dinero, por lo que son delitos menos grave y solamente pagan una multa.

Secretario reacciona

Escondidos debajo de las sábanas y en los baños es que los confinados llaman a miles de personas tratándolos de coger de tontos, ofreciendo villas y castillas o amenazándolos de muerte para extorsionarlos.

Aunque el secretario de Corrección, Carlos Molina, destacó que durante su administración es cuando más medidas de seguridad se han tomado para tratar de evitar esta práctica, como la Unidad Canina que detecta celulares y la instalación de cámaras, la realidad es que se ha visto un aumento.

La Ley 15, aprobada recientemente, ayudará a cesar esta práctica. Molina explicó que la misma establece como delito de cuarto grado que un preso tenga un celular y de tercer grado si lo tiene un empleado de las cárceles.

Sin embargo, Ferreira indicó que no les entregan esos teléfonos para tener el historial de llamadas. Molina dijo que la investigación la hace su Oficina de Inteligencia.

¿Por qué no llegan a la Policía?

Tenemos una excelente comunicación con la Policía; somos parte del mismo equipo.

Su oficial de prensa intervino y alegó que sí se les da a la Policía, contrario a lo que aseguró Ferreira.

“Éste es un problema desde que llegamos, es una organización de confinados dentro de la cárcel con gente de afuera que usa a los confinados para cometer sus fechorías”, dijo Molina.