Inicia juicio a religioso por responsabilidad en caso de acoso sexual

Wilma Maldonado Arrigoitía / Primera Hora

Hoy comenzó el desfile de prueba en un juicio civil por la demanda que una familia de Jayuya presentó contra la Diócesis de Ponce de la Iglesia Católica Romana, por su alegada responsabilidad vicaria en la conducta lasciva que supuestamente dos sacerdotes mostraron contra una feligrés niña de ocho años.

El primer testigo que escuchó la jueza del tribunal de Utuado, Lissette Vélez, fue a la presunta víctima, quien ahora tiene 19 años de edad. La joven narró que en el año 2000, fue tocada en sus partes íntimas por el sacerdote José Florencio Martínez, quien estaba asignado a varias parroquias de Jayuya.La demanda  por daños perjuicios fue sometida por la familia Rosado Casiano, católicos practicantes, quienes alegan que han sufrido daños emocionales por la presunta dejadez de la Diócesis de Ponce, ante los alegados actos impropios de los sacerdotes Manuel de la Cruz Sánchez y José Florencio Martínez contra una menor miembro de esta familia. 

Los demandantes reclaman $650 mil por los alegados daños sufridos. Alegan que la Diócesis de Ponce era el patrono de estos sacerdotes y tenían una responsabilidad vicaría por sus acciones.

“El se dedicaba a jugar con nosotras (la testigo y su prima), pero era un juego brusco”, narró la joven. “Me agarraba en la falda, me manoseaba, me tocaba mis senos, mis muslos, me tocaba la vagina. Yo lo que hacía era zafarme”, relató.

Mientras testificaba, la joven lloraba y al mismo tiempo tenía una expresión de coraje.

La testigo también señaló que posteriormente, el padre José Florencio retornó a su natal El Salvador y fue sustituido en el 2002, por el padre Manuel de la Cruz Sánchez.

Este sacerdote también mostró una supuesta conducta lasciva contra ella y en una ocasión la encerró en un cuarto de la parroquia, metió su mano por dentro del pantalón le tocó los glúteos e intentó introducirle el dedo.

La testigo dijo que en un principio no informó lo sucedido, pero que posteriormente se lo dijo a su madre, a la trabajadora social y a la orientadora de la escuela intermedia en la que estudiaba en Jayuya.

Como consecuencia, los dos sacerdotes fueron acusados de actos lascivos y llevados a un proceso judicial. En 2005, los dos sacerdotes salvadoreños fueron a juicios por separados y dos jurados distintos los encontraron no culpables  de actos lascivos.

“Luego del juicio, como a la semana volví a la escuela intermedia y me humillaban los estudiantes, se reían de mí, escribían cosas en las paredes como si a mí me hubiesen violado y en la pizarra”, relató la testigo.

La joven dijo que su vida no ha sido la misma que pasa mucho tiempo encerrada en su casa, no quiere regresar a la iglesia, ni comparte de la misma forma con su familia.

“No soy, como quien dice, una chica normal”, señaló la testigo, quien dijo que ansía mejorar su estado de ánimo, para llevar una vida propia a las jóvenes universitarias de su edad.