“3:00 p.m. Edificio 1, Campamento Penal de Sabana Hoyos, Arecibo - Norberto Rodríguez Rivera, de 44 años, fue agredido por un grupo de 18 confinados en la parte posterior del cuerpo, debido a su gravedad fue transportado desde el Hospital Regional de Arecibo al Centro Médico de Río Piedras, donde falleció el 7 de marzo, debido a los traumas recibidos”.
Rodríguez Rivera fue sepultado ayer en el cementerio de la capital, en Río Piedras.
Su velatorio se efectuó en la Funeraria Arocho, localizada en Barrio Obrero. Esta funeraria recogió su cuerpo en el Instituto de Ciencias Forenses.
Es de este informe policiaco que se conoce con precisión la cantidad de confinados que participaron del abusivo ataque a Rodríguez Rivera, quien era paciente de VIH y estaba recluido en el área de sumariados en espera de juicio por violación a la Ley 54.
Es de esperarse que a los 18 implicados se les radiquen cargos por asesinato.
El reo había solicitado protección, según indicó una fuente, que evidentemente no recibió.
No fue hasta el miércoles, a las 6:30 de la tarde, y tras varias e insistentes llamadas por parte de este diario, que el secretario de Corrección, Carlos Molina, ofreció una reacción, por escrito, sobre lo sucedido en una de las instituciones bajo su custodia.
“Tan pronto los oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) se percataron de que el confinado Norberto Rodríguez Rivera manifestaba señales de agresión física, éste fue trasladado a la sala de emergencia de la institución y, de inmediato, el mismo día, fue transferido al Centro Médico de Río Piedras”, expuso Molina, sin precisar la fecha del ataque ni de la fecha cuando la administración se percata.
“Simultáneamente, se solicitó de inmediato una investigación a la Policía, al mismo tiempo que se inició otra investigación interna por parte de la Oficina de Investigación Correccional”, agregó.
“Aún no se ha culminado ninguna de las investigaciones (ni la de Corrección, ni la del CIC de Arecibo), por lo que no podemos ofrecer detalles adicionales. No podemos afectar el progreso de la investigación”, apuntó.
“En cuanto a las afirmaciones que existen en el sistema correccional (sobre) la denominada ‘Ley del silencio’, enfatizamos en que el Departamento de Corrección no apoya a este tipo de código. Por lo contrario, le hemos asegurado protección a todo aquel confinado que haya requerido o que haya expresado temer por su seguridad”, afirmó.
El DCR cuenta con instituciones y áreas destinadas especialmente para brindar protección a los miembros de la población que la necesiten, mantuvo.
“Además, hacemos hincapié en la importancia de que tanto dentro del sistema correccional como en la libre comunidad, todo aquel que sienta su seguridad amenazada o que sea víctima o testigo de un delito, recurran a las autoridades. Ésta es la única forma de poderles brindar seguridad, además de contribuir al esclarecimiento de las investigaciones”, indicó.
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