Hoy el pueblo decide si quiere tener una Constitución diferente a partir de mañana, con menos derechos, en el caso de la fianza, y con menos personas decidiendo el destino del país y representándolo en la Asamblea Legislativa.
Las dos enmiendas constitucionales, que serán efectivas inmediatamente, van dirigidas a dos de los problemas que más afectan al país: los asesinatos y el desempeño de los legisladores.
La administración del gobernador Luis Fortuño asegura que los cambios resuelven esos problemas, además de que, en el caso de la baja de legisladores, es una de sus promesas de campaña. Las organizaciones y ciudadanos opuestos reconocen que la ola de asesinatos y la calidad del trabajo en la Legislatura es un peso insostenible para los puertorriqueños. Pero aseguran que esos cambios no resuelven los problemas, que el gobierno lo sabe y que miente por razones político-partidistas. Afirman, además, que alterar la Carta Magna que redactó la Asamblea Constituyente en 1952 disminuye los derechos, que podría afectar más a los pobres que a gente de recursos y que requerirá un desproporcional número de votos para volver a tener legisladores de minoría como fueron David Noriega y María de Lourdes Santiago. Esta última ha dicho que necesitaría entre 270,000 a 280,000 votos para ser electa.
