PERDIDA LA EVIDENCIA

                                                                                                                              Por Carmen Milagros Díaz y Jackeline Del Toro Cordero


Ante la pérdida de evidencia sustancial que lleve a resolver el caso del asesinato del niño Lorenzo González Cacho y el año que ha transcurrido, la inmunidad es la mejor salida que podría tener el Departamento de Justicia.



Ése es el análisis que hizo para EL VOCERO un especialista en investigaciones que pidió no ser identificado.


El planteamiento surge en momentos en que la investigación se encuentra estancada sin que aún se hayan radicado cargos porque faltan piezas contundentes del caso. La inmunidad inclusive rompería el pacto de silencio que se ha dicho impera entre quienes se encontraban la noche del 8 de marzo de 2010 en la casa de la madre, Ana Cacho, en la urbanización Dorado del Mar, donde ocurrieron los hechos.


De acuerdo al investigador, “la evidencia se perdió, no se preservó la escena y no se hizo una investigación profunda”, porque es mucha la presión bajo la cual trabajan los agentes con un tiempo limitado. A este factor se suma que, desde un principio, las autoridades entendían que se trataba de un accidente y no de un crimen. En ese proceso se perdió el colchón (matress), la sábana y toda la ropa y zapatos de las personas que estaban en el lugar de los hechos, en particular las pertenencias de la madre. Un dato importante es que todavía no se ha encontrado el objeto punzante o el arma que le provocó las heridas fatales al menor.


Un segundo grupo de investigadores especializados, hizo un trabajo más profundo, con la inspección del vehículo y el levantamiento de unos documentos de excarcelación en el patio posterior de la casa de Ana Cacho que condujeron hasta Luis Gustavo Rivera Seijo, conocido como “el Manco”, pero el hombre fue descartado, recordó el investigador consultado por EL VOCERO. Dijo que la información que sí se logró recopilar está muy bien custodiada en las más altas esferas del Gobierno para impedir que sea filtrada.


En torno a la teoría del robo, la fuente de este diario manifestó que fue descartada debido a que nada desapareció en la residencia, no había cerraduras forzadas y tampoco ventanas rotas.


Dentro de su análisis, el experto destacó también que por la forma violenta en que mataron a Lorenzo, lleva a pensar que había mucho coraje, pero el cuestionamiento es ¿cuánta furia puede desatar un menor?, a no ser que se trate de una venganza o que quien cometió el atroz acto estaba bajo los efectos de alguna sustancia controlada.


Discrimen afectó pesquisa


Otro perito en escenas criminales consultado por EL VOCERO, Onofre Jusino, expuso que el discrimen afectó la investigación de la muerte violenta del menor. Aseguró que el hecho de que la residencia donde falleció el niño de ocho años estaba en un sector de clase alta provocó que se creyera la versión de la madre de que se cayó de la cama.


Ello desembocó en que se perdiera tiempo y evidencia importante, mencionó el doctor en Criminología, quien dijo que además de cerrar la casa por el tiempo que fuera necesario, días o semanas, se debió acordonar la calle y no permitir que se movieran los vehículos que estaban en el lugar. Eso habría permitido realizar entrevistas a todas las personas que estaban en el entorno del hogar, apuntó.


“Se debe crear conciencia en la Policía, en (el Instituto de) Ciencias Forenses, en todas esas agencias, para que cuando ocurra un asesinato, el que sea, uno no puede analizar una escena en cuestión de minutos, porque a la larga esos errores no se van a poder subsanar y va a conllevar más tiempo el esclarecimiento del caso, y apatía del pueblo hacia esas agencias”, opinó el ex inspector de la Policía de Puerto Rico, quien tiene más de 40 años de
experiencia en la rama investigativa y de seguridad.


Además, advirtió que la persona que investiga no puede ir con una idea preconcebida sobre lo que pudo ocurrir, ni dejarse presionar por la familia de la víctima. “No debe tener prejuicio de índole alguno, pero sí el control total de la escena… el análisis se hace desde el punto de vista científico”, subrayó quien recientemente fundó una academia de investigadores privados. Pero la experiencia caló, y se vio en el caso reciente de la muerte de la mujer embarazada y sus dos hijos en San Juan, mencionó.


El experto en balística y caligrafía destacó que una persona que se cae de la cama no presenta heridas punzantes, por lo que las heridas en la nariz debieron despertar sospechas.


Mencionó, de igual forma, que para radicar el caso debe haber una prueba robusta, un testimonio confiable, y en su defecto, prevalecerá la justicia popular, “la del pueblo”, que siempre la va a juzgar. El ex militar manifestó que “una cosa es que uno sepa quién mató a la persona y otra es que nadie quiere hablar o que encubran. Pero uno sabe quién fue la persona que mató. Así hay miles de casos que se han esclarecido desde el punto de vista administrativo, pero no hay testigos, el testigo no quiere cooperar, no hay la evidencia, pero la gente lo sabe. Yo pienso que éste es uno de esos casos. Pero la indignación está ahí, está en el pueblo, en el Departamento de Justicia; todo el mundo está indignado”.


Sobre la posibilidad de que las hermanas del niño puedan arrojar luz, coincidió con otros expertos en que “tienen la información clave en todo esto, pero pueden estar traumatizadas y a la misma vez manipuladas por la señora Cacho y familiares para que no hablen. Y viniendo de una madre con quien pueden regresar, han expresado el miedo a que le puedan hacer daño”.