“Esto no ha sido fácil, él era la piedra angular de nuestro hogar y lo necesito”, dijo con voz entrecortada la joven madre.
La mujer, quien contrajo nupcias con el confinado en el 2007, aún espera una explicación del DCR, pues sostuvo que su esposo asistió como de costumbre a su cita con el sociopenal que atiende su caso de libertad supervisada y cuando llegó al Centro Gubernamental de Ponce, se dio cuenta que una guagua de la institución penal lo esperaba para privarlo de su libertad de inmediato.
Green y otros 105 confinados fueron enviados a sus casas con grilletes por error y al darse cuenta Corrección, bajo la administración de Miguel Pereira, acudió a los tribunales a lograr su reingreso amparados en una ley de 1995 que prohíbe que en casos de delitos como asesinato se conceda este tipo de libertad condicionada.
Tras una larga batalla legal, se decidió que tenían que regresar a la cárcel a cumplir sus condenas. Al final, quedaban 45 de los 106 originales, algunos de los cuales ya han fallecido.
“Cuando vio lo que estaba sucediendo, llamó y nos dijo: 'Me van a trancar de nuevo'”, narró Lisvette, quien sostuvo que llegó hasta el lugar, pero no le dieron la oportunidad para despedirse de su esposo.
“En esa guagua se llevaron un pedazo de mi corazón”, dijo la mujer muy afligida.
Desde entonces, el dolor por la ausencia del padre de su hijo se ha apoderado de ella. Se la pasa llorando y pensando cuál será su futuro y el de su bebé, y cómo podrá sola mantener un hogar.
Cumplió con todas las restricciones
Torres dijo que su esposo, quien cumplió en la cárcel 15 años de una sentencia de cadena perpetua por ser cómplice en dos asesinatos en la década de los 80, respetó al máximo las condiciones impuestas para su reingreso a la sociedad.
Trabajaba en la construcción y en todo lo que “apareciera”.
Su esposa dijo que era un “servidor de Dios y la Iglesia, un ciudadano que honraba las leyes y excelente padre y esposo”. Había aprendido la lección. Había logrado rehacer su vida, reintegrarse a la sociedad y ser productivo.
Además, Lisvette recordó que tan cerca como el próximo año 2012 le iban a retirar el grillete que llevó por nueve años como parte del Programa de Libertad bajo Palabra.
“En realidad nunca tuvo libertad completa, los agentes nos acosaban, invadían la privacidad del hogar y nunca pudimos compartir como una familia normal”, indicó la esposa mientras narraba que debido al grillete tuvieron que celebrar su boda en la casa y nunca tuvieron su luna miel.
Lisvette está convencida de la rehabilitación que logró su esposo. A pesar de la decisión del Tribunal Apelativo de Boston, insistió en que Corrección debió haber evaluado más exhaustivamente el desarrollo de cada uno de los convictos de este caso y analizar si realmente eran un problema en la libre comunidad.
Criticó el que Corrección realizara el proceso de reingreso de manera “desorganizada” y condenó con vehemencia el que lo hicieran sin previo aviso.
familia reclama que cumplió por su delito“Yo estoy consciente que él tuvo su error, pero pagó en la cárcel y a la sociedad lo que hizo”, insistió Lisvette.
Denunció que cuando fue a visitarlo a la cárcel de Bayamón, su esposo le contó la terrible experiencia que está viviendo. Le dijo que su celda no cuenta con luz, tampoco tiene baño, y que muchos de los otros convictos están sufriendo de depresión.
“Sufrí mucho cuando lo volví a ver y cuando los oficiales correccionales le impidieron cargar a su bebé”, dijo.
Áurea Rosa Luciano, madre del convicto, describió con tristeza el duro golpe que le han dado a su familia.
“Cuando lo vi en la cárcel le dije: 'Chino, quién iba a decir que ibas a usar la ropa de preso de nuevo'”, dijo llorosa la madre de Green.
Luciano recalcó que su hijo se había rehabilitado y que en este punto de su vida merecía continuar en libertad.
“Sólo me queda doblar rodillas y dejar que el Señor haga su voluntad”, dijo Luciano tras agregar a Primera Hora que el reingreso de su hijo a la cárcel fue un “atropello” y un “abuso”.
Del mismo modo, Aracelis Muñoz, hermana de Green, expresó que ni la agencia ni ninguna otra agencia del Gobierno les ha ofrecido ayuda alguna, contrario a lo que anunció el secretario de Corrección, Carlos Molina, quien incluso aseguró que había psicólogos listos para atender al grupo de confinados y a sus familiares.
“A ellos (los convictos) les hicieron una encerrona y además le dañaron su reputación”, dijo la hermana, refiriéndose al hecho de que estos presos, en su mayoría, habían logrado rehacer sus vidas y levantado familias, las que sostenían con trabajos decentes.
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